jueves, 26 de junio de 2008

Caso Ricardo Miguel cavallo - Apoyo a los abogados,y a las Acusaciones Populares

01 de marzo de 2007
El Colectivo de Exiliados de la "Operación Cóndor"

APOYAMOS LA REALIZACIÓN DEL JUICIO ORAL EN ESPAÑA

Porque el procedimiento esta muy avanzado y solo falta el juicio oral, porque el juzgarlo y condenarlo en firme, en España, le incorpora valor a la justicia universal - el genocida Cavallo actúo en Argentina, fue detenido en Mexico, extraditado, detenido y procesado en España - tres países involucrados, colaborando para afianzar que los crimenes de lesa humanidad no prescriben y pueden ser juzgado en cualquier lugar del mundo, independientemente, del lugar en que ocurrieron los hechos. Y porque, aqui, en Argentina hay una lista de un millar de acusados que estan en una larga y lenta lista de espera, que tienen prioridad, - ya Cavallo está en perfecto control por la justicia española,- ¡¡¡ todo el tiempo necesario para la lista!!!! - Porque aqui solo hay unos muy pocos condenados, y otros pocos que estaban en capilla, "han muerto de repente", y aún no aparece Jorge Julio lópez, testigo del caso Etchecolatz.

¡¡¡ Basta de vueltas, juicio oral, y condena Ya !!!!

miércoles, 30 de abril de 2008

“Hay que juzgar a los responsables civiles”

30.04.2008



Carlos Slepoy analiza los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad
El abogado que impulsa desde España las causas por crímenes cometidos durante la dictadura consideró que la Argentina “está en condiciones de hacer un Nuremberg”.


Martina Noailles
Juicios. Slepoy reconoce que hay avances
“significativos pero que no son suficientes”
en las causas por
casos de represión y pide que los
casos no se “atomicen”.
Aunque vive en España desde hace treinta años, Carlos Slepoy recibió en Buenos Aires la noticia sobre la frustrada extradición de Isabel Perón. Como abogado del Movimiento de Argentinos en España, impulsa la mayoría de los juicios que se llevan a cabo en ese país contra represores que cometieron delitos de lesa humanidad en la tierra donde nació, militó y fue encarcelado.
De visita en la Argentina, Slepoy consideró que la resolución de la Audiencia Nacional española fue “un disparate” y que la falta de un representante del Estado argentino “conspira contra el éxito del pedido de extradición”. “El Gobierno no se decide a tener una política de ordenamiento de los juicios contra los represores. Tampoco parece plantearse con seriedad juzgar a los responsables civiles del genocidio”, cuestionó en una entrevista con Crítica de la Argentina. –

¿Considera que en la Argentina comenzó el fin de la impunidad?
Con el ritmo que llevan los juicios, para juzgar a todos se tardaría más de cien años. Eso no significa que no se hubieran producido avances importantes, pero resultan insuficientes. No existe una política de Estado para juzgar estos crímenes. Se necesitan modificaciones importantes en forma urgente.

–¿Qué cambios agilizarían los juicios?–
Si se quiere juzgar en serio este genocidio, no es posible pensar que los jueces de instrucción deban atender otros mil asuntos que no tienen la trascendencia histórica, institucional y política de estos temas. Los tribunales orales también están absolutamente colapsados. Hay una idea del Centro de Militares para la Democracia Argentina (Cemida) que propone armar una estructura judicial del mismo tenor que la estructura represiva que dividió el país en jurisdicciones, áreas y subáreas.

–¿Por qué no se hace?–
Debe haber una política de Estado. La idea debe ser concentrar, evitar la atomización. La Argentina está en condiciones, como ningún país en el mundo, de hacer un Nuremberg pero entendido no como un tribunal que juzgó a unos pocos criminales nazis, sino para juzgar un crimen determinado a través de la creación de tribunales específicos. El Gobierno no se decide a tener una política de ordenamiento de estos juicios. Tampoco parece plantearse con seriedad juzgar a los responsables civiles del genocidio.

–¿Cree que alguna vez se podrá?
Es un tema que ha quedado clausurado. Aparece por ahí el nombre de José Alfredo Martínez de Hoz, pero como responsable de dos secuestros extorsivos y no como el ideólogo del plan criminal de la dictadura. Crímenes contra la humanidad fueron tanto los que cometió Jorge Videla como los que cometió Martínez de Hoz. Pero estos temas no se están encarando y yo me pregunto por qué. La respuesta es que afecta poderosos intereses de muchos que hoy son dueños del país. Si se fuera a fondo, se podría pensar en esta refundación de la sociedad argentina que Néstor Kirchner ha prometido hace más de cuatro años, pero que se quedó a medio camino de construir.

–¿Qué opina de la negativa de la justicia española de extraditar a Isabel Perón?
Es un disparate. Es tan endeble que, incluso, es posible que el recurso que va a interponer el fiscal pueda prosperar. Sin embargo, el hecho de que no haya un representante del Estado argentino en el proceso conspira contra el éxito del pedido de extradición. El fiscal español no tiene un especial conocimiento de las circunstancias que rodearon los crímenes de la Triple A y la responsabilidad que pueda tener Isabel. El único que podría haber enfrentado con claridad los argumentos de la defensa era un representante argentino.

–¿Por qué es un disparate la resolución?
Porque el tribunal español entra en consideraciones en las que no tenía que haber entrado. En un juicio de extradición se debe comprobar si se cumplen los pasos formales y si el crimen es punible en ambos países. La Audiencia Nacional juzgó a los jueces argentinos en lugar de hacer un verdadero juicio de extradición. Son los tribunales argentinos los que deben decidir sobre el fondo de la cuestión.

–¿Isabel debe ser juzgada?–
Ella era presidenta cuando en el Ministerio de Bienestar, encabezado por un ministro de su estrecha relación (José López Rega) , funcionaba la Triple A. Además, Rodolfo Almirón y Juan Ramón Morales, dos de los jefes de la Triple A, eran sus guardaespaldas personales. Es absurdo pensar que ella podría no tener conocimiento de esto y que, siendo presidenta, no podría haber hecho algo para evitarlo. Por acción u omisión tiene una manifiesta responsabilidad.Cuarenta acusados en lista de esperaEn 2003, antes de que se aprobara la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el juez español Baltasar Garzón envió a la Argentina un pedido de detención contra 48 represores, entre ellos, Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez. La respuesta del juez Rodolfo Canicoba Corral fue positiva: detuvo a 40 de los 48. El resto estaban muertos o prófugos.

Tras idas y vueltas judiciales y diplomáticas, los pedidos de extradición de los 40 acusados por la represión durante la última dictadura aún no fueron respondidos. De su visita a Buenos Aires, Carlos Slepoy se lleva la respuesta del fiscal Eduardo Taiano acerca de que se están certificando cuántos de esos represores tienen causas abiertas.
Al abogado le consta que muchos de ellos no están imputados en ningún expediente, por lo que, en caso de que la Justicia argentina lo autorice, podrían ser extraditados y juzgados en España. Sería un hecho inédito, ya que nunca un juez de un país donde se cometieron los delitos envió a otro país a los posibles responsables para que sean juzgados.
Me parece un profundo error desdeñar los juicios fuera del país –consideró Slepoy–. Fueron concebidos por la sociedad argentina, son juicios propios y deben entenderse como una totalidad”.


viernes, 4 de abril de 2008

Condena leve contra apropiadores hija de desaparecidos


viernes 4 de abril,
BUENOS AIRES (AP) -


Una corte penal argentina condenó el viernes a entre diez y siete años de prisión a un ex militar y a un matrimonio por la apropiación de una hija de desaparecidos durante la dictadura militar (1976-1983), en el primer juicio en ser promovido por la propia hija adoptada ilegalmente.

El tribunal sentenció en un fallo dividido a Osvaldo Rivas y a su ex esposa María Cristina Gómez Pinto, padres adoptivos de María Eugenia Sampallo Barragán, y al ex capitán del ejército Enrique Berthier, acusado de entregar al matrimonio a la niña nacida en cautiverio.
Rivas recibió una pena de ocho años como "coautor penalmente responsable de los delitos de falsedad ideológica de documento público y retención ilegal y ocultamiento de un menor de diez años", explicó Guillermo Gordo, uno de los tres jueces que integran la corte, durante la lectura de la sentencia.


Su ex esposa fue condenada a siete años "como coautora penalmente responsable del delito de retención ilegal y ocultamiento de un menor de diez años".
En tanto, Berthier recibió una condena de diez años por "ser cómplice necesario penalmente responsable en el delito de falsedad ideológica de documento público y coautor del delito de retención ilegal y ocultamiento de un menor de diez años".
"Las penas que se aplicaron a los imputados no reflejan la magnitud de los crímenes cometidos... La condena no alcanza a satisfacer el requerimiento de pena que hicieran el fiscal y la querella, que habían solicitado 25 años de prisión para los imputados", expresó la Secretaría de Derechos Humanos en un comunicado oficial.

"Más allá de lo exiguo de las penas, ha quedado en claro el accionar del terrorismo de Estado que se apropiaba de los niños como si se tratara de un botín de guerra, y (esta secretaría) espera que en los restantes casos la justicia se pronuncie aplicando el castigo correspondiente a los autores, cómplices e instigadores de tales delitos de lesa humanidad", añadió.

Pese al disgusto por la levedad de la condena, al salir de la sala de audiencias Sampallo fue aplaudida por el público presente, que elogió su determinación de llevar a juicio a sus propios padres adoptivos, algo inédito en la historia judicial del país.
"Lamentablemente hemos comprobado que el secuestro de niños en la Argentina no es un delito mayor porque siete u ocho años de detención por lo que hicieron, por lo que maltrataron a María Eugenia es una cosa tibia", reflexionó indignada Rosa Roisinblit, vicepresidenta de la Asociación Abuelas Plaza de Mayo.

"Estamos decepcionados, vamos a sugerir una apelación", advirtió la activista.
El representante de Sampallo, Tomás Ojea Quintana, explicó que los padres adoptivos continuarán en libertad hasta tanto la sentencia quede firme. Los abogados de Rivas y Gómez Pinto adelantaron que apelarán el fallo. Berthier, por su parte, seguirá detenido en una dependencia militar.

Sampallo es hija de Mirta Mabel Barragán y Leonardo Rubén Sampallo, secuestrados el 6 de diciembre de 1977 mientras se encontraban en su casa en Buenos Aires junto al pequeño hijo de tres años de Barragán, fruto de un matrimonio anterior. La mujer estaba embarazada de seis meses al momento de su desaparición.

El 30 de diciembre de ese mismo año los militares entregaron el niño a su abuelo paterno, pero nunca se supo más del matrimonio ni del hijo que estaban esperando.
Según la investigación, la joven nació en cautiverio el 8 de febrero de 1978 y permaneció en manos de Berthier hasta marzo, cuando la entregó al matrimonio de Rivas y Gómez Pinto. Con la complicidad del médico del ejército Julio Cáceres Monié --ya fallecido-- el matrimonio falsificó una partida de nacimiento en la que declararon a la niña como hija biológica nacida el 7 de mayo de 1978 y con la que lograron obtener su documento.
Aunque desde los siete años sabía que no era hija biológica de sus padres, las versiones sobre su adopción eran tan contradictorias que la hicieron dudar sobre su origen.

En 2000, Sampallo Barragán se presentó ante la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad para comprobar si era hija de desaparecidos. Un año después, un estudio realizado por el Banco Nacional de Datos Genéticos reveló que era hija de Barragán y Sampallo.
Al prestar testimonio en juicio en febrero, la joven relató las distintas versiones que el matrimonio le había dado sobre su origen: primero le contaron que sus verdaderos padres habían muerto en un accidente, luego que era hija de una empleada doméstica que por cuestiones económicas no había podido criarla y por eso ellos habían decidido adoptarla, finalmente, que era hija extramatrimonial de una azafata extranjera.

Hasta ahora, 88 hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio durante la dictadura han logrado descubrir su verdadera identidad; pero las Abuelas de Plaza de Mayo estiman que hay otros 400 jóvenes que aún desconocen su origen.

Según los registros oficiales, unas 13.000 personas desaparecieron durante la dictadura, pero los grupos de derechos humanos aseguran que esa cifra asciende a 30.000.

lunes, 31 de marzo de 2008

EMPEZAMOS A MALEAR LA PERDIZ


El represor Cavallo llegó al país y se negó a declarar

Arribó esta mañana a Ezeiza, extraditado de España, y fue llevado a los tribunales de Comodoro Py. Pero no respondió preguntas del juez federal Sergio Torres. Está acusado, entre otros delitos, por crímenes cometidos en la ESMA durante la dictadura.

El ex capitán de corbeta Ricardo Cavallo, acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, se negó a declarar en su primer día en la Argentina luego de la extradición de España.

Tras escuchar las imputaciones en su contra, el represor efectuó una "negativa general" y rehusó contestar las preguntas que querían hacerle el juez federal Sergio Torres y el fiscal Eduardo Taiano, tras lo cual el magistrado dispuso que sea remitido al penal de Marcos Paz.

Cavallo arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 9.20, en el vuelo A041 de Air Europa, procedente de España. Rodeado de un importante operativo de seguridad, el ex capitán fue conducido por efectivos de Interpol a los tribunales de la zona de Retiro.

Entre otras, pesan sobre Cavallo –alias Sérpico- acusaciones por su presunta participación en el secuestro y desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y del escritor y periodista Rodolfo Walsh. Asimismo, es investigado por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.

El ex militar fue detenido en el balneario mexicano de Cancún en agosto de 2000, tras ser reconocido por varios sobrevivientes de la represión en la Argentina. En junio de 2003 fue extraditado por México a España, donde fue sometido a juicio por genocidio, terrorismo y torturas.

Hace dos semanas, la Audiencia Nacional de España (Corte Suprema) había autorizado la extradición de Cavallo, que la Justicia argentina había solicitado en 2006. El abogado Rodolfo Yanzón, representante de querellantes en la causa por violaciones a los derechos humanos en la antigua ESMA, destacó la celeridad que el juez federal Sergio Torres imprimió al trámite de extradición a la Argentina del acusado.

El letrado criticó, en cambio, los "vaivenes" que tuvo la situación procesal del ex marino en España, donde, desde enero de 2007, está detenido "exclusivamente por el pedido de extradición de Torres".

QUISO QUE LO JUZGARAN AQUI ¿ PORQUE SERÁ ?

EMBARCO ANOCHE EN MADRID EN UN VUELO QUE ATERRIZARA A LAS 9 EN EZEIZA

CAVALLO, REPRESOR DE LA ESMA, LLEGA EXTRADITADO POR ESPAÑA

Será interrogado sobre el robo de bienes y propiedades a sus víctimas.
Por: Lucio Fernández Moores

El represor Ricardo Miguel Cavallo inició anoche forzosamente el camino de regreso a la Argentina, extraditado por España para ser juzgado aquí por los crímenes de la dictadura. Cavallo abordó anoche el vuelo 041 de la empresa Air Europa y su arribo a Ezeiza estaba previsto para hoy a las 9.

Si el vuelo llega en horario, Cavallo será llevado inmediatamente a los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py para ser indagado por el juez federal Sergio Torres. Este magistrado tiene a su cargo la "megacausa" del mayor centro clandestino de detención que tuvo la dictadura, la ex sede de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Cavallo había sido detenido en agosto de 2000 en el Distrito Federal mexicano, a pedido de la Justicia española. Fue reconocido por sus víctimas, ya que se desempeñaba como director del Registro Nacional de Vehículos de ese país. Tres años después fue extraditado a España. Allí lo investigaba juez Baltasar Garzón en la causa abierta por los crímenes de las dictaduras argentina y chilena durante las décadas del 70 y 80. Las causas argentinas estaban paralizadas por la vigencia de las "leyes del perdón".

España accedió a enviarlo al país como consecuencia de la reapertura de la megacausa ESMA y la "desaparición del obstáculo" de la impunidad. Por ello, archivó la causa que había en Madrid y le dio 40 días a Torres para que formalizara el pedido de extradición. El juez argentino había enviado su primer pedido en 2006, pero en los últimos días debió apurar los plazos para evitar que Cavallo quedara libre.

El Gobierno español cedería a Cavallo por un plazo de seis meses, prorrogable por otros seis, según dijeron fuentes que siguen la causa en España y admitieron como "posible" fuentes judiciales argentinas.

Las mismas fuentes indicaron que Torres indagará "por ahora" a Cavallo únicamente por el desapoderamiento de bienes de desaparecidos y víctimas de la dictadura. Esta causa forma parte de la "megacausa" ESMA.

Para acusar a Cavallo por otros delitos (los más graves, el secuestro y las torturas contra personas que estuvieron cautivas en la ESMA), Torres aguardará una definición de la Justicia española en torno a la causa allí abierta, ya que el sobreseimiento en ese país no está firme porque todavía puede ser apelado y revocado por un tribunal superior.

La fiscalía española llegó a pedir para Cavallo la pena de 17 mil años de prisión por su presunta participación en la desaparición forzada de 227 personas, en otros 126 secuestros (16 de ellos mujeres embarazadas) y en torturas contra 21 víctimas de la represión ilegal de la guerrilla.

Compañero de promoción del ex capitán Alfredo Astiz (que se infiltró entre las Madres de Plaza de Mayo), Cavallo actuó en la ESMA bajo el alias de "Sérpico". Torres lo acusa de detenciones ilegales, torturas, extorsión, robos con violencia e intimidación y fal sificación de documentos.



Un hombre clave en los negocios de la ESMA

jueves, 27 de marzo de 2008

El Gobierno impulsa cinco leyes para acelerar los juicios

Jueves 27 de marzo de 2008
Propone crear una nueva Cámara de Casación y que los recursos sean más ágiles

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó ayer cinco proyectos de ley que tienen por objetivo acelerar los juicios penales: crean una nueva Cámara de Casación, abrevian los trámites para los recursos y establecen recompensas para encontrar a prófugos en las causas de derechos humanos.

La idea es que el Congreso lo sancione de inmediato. "En 30 o 40 días", estimó ayer el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, que fue el encargado de hacer pública la iniciativa.

Fue un anuncio inesperado en una tarde en la que la atención estaba puesta en el conflicto con el campo. Mientras Zannini daba detalles del proyecto en la Casa Rosada, a pocos metros, en la Plaza de Mayo, comenzaba una nueva manifestación. "El Poder Ejecutivo está enviando al Congreso cinco proyectos que quieren concretar la voluntad política de evitar el retardo y la denegatoria de justicia", dijo Zannini. Estaban a su lado el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y representantes de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Según advirtió Zannini, el objetivo de estos proyectos no es sólo agilizar las causas de derechos humanos, sino "derribar el muro de impunidad" y "lograr beneficios para lo que se llama el problema de la seguridad". Uno de los puntos centrales del paquete de leyes es la creación de una nueva Cámara de Casación para la ciudad de Buenos Aires. Eso reducirá a la mitad el volumen de expedientes de la Cámara Nacional de Casación, el máximo tribunal penal, que ahora sólo se ocupará de los casos de competencia federal.

Será un alivio para este cuerpo, que duplicó sus causas en los últimos tres años. Antes, sólo revisaba cuestiones de derecho, pero un fallo de la Corte estableció que debe controlar "todo lo que resulte revisable", hechos y pruebas incluidos. La idea de desdoblar la Cámara de Casación no es nueva. Estaba contemplada en un proyecto de reforma integral del Código Procesal Penal enviado el año último por el Gobierno pero que nunca llegó al Congreso.

Esa iniciativa, como ésta, buscaba acelerar los procesos. Los ejes de los cinco proyectos que firmó ayer la Presidenta son:
La recompensa . Se crea un fondo de recompensas para obtener información sobre acusados en casos de violación a los derechos humanos que estén prófugos, y destina a este fin cinco millones de pesos. Se crea, además, una unidad especial para su búsqueda. Según los fundamentos del proyecto, hay 358 procesados en causas de derechos humanos y 44 prófugos.
Elevación a juicio sin trabas. Para evitar que las causas se demoren entre la etapa de la instrucción y el juicio oral, el Gobierno propone que los recursos de las partes no frenen la elevación a juicio.
Una apelación veloz. El tercer proyecto consiste en una modificación integral del procedimiento para apelar resoluciones de los jueces. El trámite ya no será escrito sino oral, en una audiencia ante los camaristas, que deberán decidir en el acto. Sólo cuando sea un caso complejo tendrán cinco días para deliberar. Además, se crea una agencia especial para organizar estas audiencias.
La nueva Casación. El cuarto proyecto instaura la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital, con 10 jueces (tres salas de tres y un presidente) que el Consejo de la Magistratura deberá seleccionar en 120 días.
Tribunales flexibles. El último proyecto dispone que cuando falte alguno de los jueces de los tribunales orales federales, podrá ser reemplazado por un juez de otro tribunal oral o por un miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de la correspondiente jurisdicción. El objetivo es que las vacancias no impidan la realización de los juicios. Zannini confía en que los proyectos se sancionarán sin trabas. "Pensamos que van a tener fuerte adhesión y un rápido tratamiento en el Congreso", afirmó. Por Paz Rodríguez Niell De la Redacción de LA NACION Proyectos olvidados
En septiembre del año pasado, el entonces ministro de Justicia, Alberto Iribarne, anunció un proyecto de reforma integral del Código Procesal Penal de la Nación. Era una iniciativa ambiciosa diseñada por un grupo de expertos, que proponían que fueran los fiscales, y no los jueces, los que dirigieran en el futuro las investigaciones. Pasaron seis meses y nada se supo de ese proyecto. Algo parecido ocurrió con el proyecto del nuevo Código Penal, anuciado en 2006 y abandonado casi de inmediato a raíz del revuelo que generó la flexibilización de las penas por abortar que proponía.

sábado, 15 de marzo de 2008

SE BUSCA!! POR EVADIR LA JUSTICIA QUE LO CONDENÓ POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

miércoles, 13 junio 2007
Desde Chile




Raúl Eduardo Iturriaga Neumann


Ex miembro de la plana mayor de la DINA, general (R).Ex jefe del Departamento Exterior de la DINA y ex jefe de la Brigada Purén que hizo desaparecer a decenas de prisioneros desde su centro clandestino de calle Irán 3937 en la comuna de Macul.

Co autor del asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthberten septiembre de 1974 en Buenos Aires.




¡¡COBARDE EX MILITAR,
QUE CORRE A ESCONDERSE
COMO Roedor ASUSTADO¡NI OLVIDO NI PERDÓN !
¡ JUICIO Y CASTIGO A LOS CRIMINALES !